19/01/2014

El derecho a una existencia digna

La Renta Básica Universal es una política económica, en materia de economía y filosofía política. Aunque cuenta con numerosos precursores —Paine, Fourier, Van Parijs, More o Tobin, dentro de las disciplinas mencionadas— ha sido difundida y popularizada en España por Daniel Raventós y la Red Renta Básica. Con su propuesta se pretenden reformar algunas de las estructuras claves del capitalismo contemporáneo: la propiedad en sentido amplio, el trabajo y la libertad e igualdad de los individuos, para así suavizarlo y convertirlo en un modelo económico donde se vea aumentado el equilibrio social y menguada la desigualdad y la injusticia que hoy vivimos a nivel planetario.

Según la definición que ofrece la Red Renta Básica, la RBU es un ingreso pagado por el Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho residente de la sociedad donde se implante, independientemente de si no quiere o no puede trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser sus otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quién conviva. Es por tanto universal y sustituye cualquier otro tipo de prestación condicionada.

La Renta Básica Universal no toma en consideración tus ingresos o rentas, del mismo modo que la Seguridad Social —Imagen Unknown Author

Es una cantidad fijada según los datos económicos de cada país y coyuntura; en el caso de España, podría ser de alrededor de unos 500 euros —en términos más exactos, en 2007 podía ser de 451,6 euros, hoy se estima en 664— para los adultos y una quinta parte para los menores de 18 años. Esta cantidad es cercana al salario mínimo interprofesional y garantiza las condiciones de existencia básicas y dejaría a todo ciudadano por encima del umbral de la pobreza, referencia clave para la cantidad fijada por cada estado.

Financiación y regulación

Se puede financiar de diferentes maneras, pero la más aceptada y defendida por la Red Renta Básica —en España y otros países asociados— y de más valor redistributivo de la riqueza se realizaría a través de una reforma fiscal del IRPF, fijando un tipo único del 57,5% para todas aquellas rentas superiores a la RBU y liberando a las inferiores de cualquier carga impositiva. La RBU también es financiada, según este modelo, a través del ahorro de los costes de todo el aparato administrativo y burocrático que requieren los subsidios condicionados. Raventós, sostiene que con esta reforma fiscal, el 70% de la población con menos renta saldría beneficiada de la reforma, el 20% más rico perdería —se redistribuiría su riqueza— y el 10% entre esos dos tramos quedaría indiferente después de la reforma.

Dividiendo la población en lugar de por porcentajes por deciles en la riqueza, perderían riqueza a partir del sexto decil más rico, esto se imbricaría y tomaría sentido con el concepto rawlsiano de ‘desigualdades justas’, las que crean desigualdad positiva a los que están peor situados.

Los que más ganan después de esta reforma, sin duda son los que no tienen ingresos de partida. La riqueza se distribuye desde los más ricos hacia los más pobres, dirección contraria a la de hoy, donde la acumulación del capital se hace a través del expolio y la desposesión —D. Harvey, ‘Acumulación por desposesión’—, se concentra en unos, se escapa a los otros.

La RBU, por supuesto, una vez implantada, debe ir acompañada de una cierta regulación en las leyes que atañen al mercado de bienes y al mercado de trabajo. La RBU es condición necesaria pero no suficiente. También, la preparación social para entender y exigir como propio el derecho a la existencia y una viabilidad política que la haga posible serían algunas de las condiciones claves para su implantación y desarrollo.

El derecho básico

Durante la Revolución Francesa, cuna de los valores europeos y occidentales —Igualdad, Libertad y Fraternidad—, Robespierre, empapado de las ideas de la Ilustración, propagaba la idea, apoyado en los autores clásicos, de que el primer derecho del que emanan todos los demás es el derecho a la existencia; en el marco actual este derecho primordial es una lucha diaria, y en muchos casos una verdadera carrera de obstáculos.

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Durante la Revolución Francesa, Robespierre difundió la idea de que el primer derecho del que emanan todos los demás es el derecho a la existencia —’La libertad guiando al pueblo’, Eugène Delacroix, 1830

La existencia material garantizada como camino a la libertad e igualdad real de las personas es y ha sido un concepto manejado y trabajado por muchos filósofos clásicos y contemporáneos dentro de la tradición republicana —Aristóteles, Maquiavelo, Cicerón—. La idea de que un ciudadano no es libre si no tiene la libertad de no necesitar depender de otro para vivir, es antigua y está llena de fundamentos filosóficos: si un individuo no puede depender de sí mismo para vivir, si necesita de un tercero para ese fin, no es libre, no es sui iuris —en latín, (ciudadano) ‘de propio derecho’—, es decir, tiene que pedir permiso para vivir. Está en ese caso, a merced de las condiciones del otro y en el marco actual, de los vaivenes y cambios del mercado de trabajo y de sus condiciones, y en consecuencia no de sus necesidades y elecciones reales.

Capacidades y necesidades

La RBU se basa en el principio filosófico que afirma ‘a cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades’ —Saint Simón, Fourier, Bakunin—, con la libertad y la igualdad como paraguas filosófico para una sociedad justa de ciudadanos libres e iguales. Intenta resolver el problema filosófico acerca de la libertad individual, que desde los clásicos ha preocupado a muchos pensadores. En su formulación contemporánea, Philippe Van Parijs, reformulador teórico entre otros de la actual Renta Básica y autor de ‘Real Freedom for all’ —Libertad real para todos—, una sociedad realmente libre es aquella que satisface las tres condiciones siguientes, en este orden de prioridad: 1—Seguridad: existe una estructura de derechos y libertades básicas bien articulada; 2—Propiedad de uno mismo: en esa estructura, cada persona es propietaria de sí misma y de las decisiones sobre su vida; y 3—Ordenamiento leximin de la oportunidad: es decir, en esa estructura, cada persona cuenta con la mayor oportunidad posible para hacer cualquier cosa que pudiera querer hacer.

En una sociedad realmente libre, quienes tengan menos oportunidades de partida, tendrán las máximas que podrían tener en cualquier otro orden social que podamos llevar a cabo. Algunas de las ventajas de facto que podrían crear la implantación de la RBU a través de una reforma fiscal del IRPF, serían las siguientes:

1— Redistribución de la riqueza.

2— Mejora de los estratos socio-económicos más bajos de la sociedad a todos los niveles, siempre más vulnerables y al límite del no acceso al empleo y otros recursos para la vida. Aumento de las oportunidades.

3— Aumento de la capacidad de negociación del trabajador, por la eliminación del factor necesidad que imposibilita la libertad en sentido profundo —de elección—.

4— Aumento de las condiciones de los trabajos más desagradables —al disminuir su demanda y tolerancia delante de según qué condiciones—.

5— Ahorro de los costes administrativos de vigilancia y control: al encontrar trabajo no se pierde la RBU, con el consiguiente probable descenso del trabajo ilegal y de la economía sumergida.

6— Redistribución del trabajo entre más de uno, o partición de las jornadas de trabajo entre más de uno. No necesidad de las ocho horas, libertad de elección de cuánto tiempo se destina al trabajo remunerado —según necesidad—. Y por tanto aumento en el número de puestos de trabajo, con el consiguiente descenso del desempleo.

7— Aumento del equilibrio y la elección entre los tres tipos de trabajo que existen: el trabajo remunerado, el trabajo doméstico y el trabajo voluntario o autotélico. Según las necesidades y elección de cada individuo. Mayor equilibrio social.

8— Y la más importante y que sustenta a las demás: aumento de la igualdad entre las personas, pero sobre todo de la libertad.

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Las denuncias y las críticas proceden de diferentes frentes: ecologistas, grupos de granjeros y ciudadanos reclaman legislaciones que velen por los intereses de todos y no sólo por los de las grandes multinacionales de la alimentación. En lugar de ello, las leyes actuales de la principal potencia mundial (Estados Unidos) protegen al pequeño grupo de empresas que controla todo el proceso alimentario, desde el patentado de semillas resistentes a las diversas plagas y enfermedades —semillas que al convertirse en cereales servirán para alimentar al ganado— hasta el momento en que los productos se ponen a la venta en el supermercado. Los argumentos críticos se articulan desde diversos flancos: como demuestran los datos del Banco Mundial, casi 2.800 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza y el hambre en el mundo sigue siendo el mayor problema social y político. 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La violencia directa correspondería a la punta del iceberg y tiene como principal característica el hecho de que la mayoría de sus efectos son visibles, principalmente los materiales, aunque no todos: el odio generado, los traumas psicológicos creados o la aparición de conceptos como el de 'enemigo' son efectos igual de graves que no suelen ser considerados como tales. Al ser el tipo de violencia más conocida y evidente, es común pensar que es la peor de todas las violencias, lo cual no es cierto precisamente por esa visibilidad, que la hace más fácil de identificar y por tanto de combatir. Es importante señalar que este tipo de violencia es la manifestación de algo, no su origen, y es en los orígenes donde deben buscarse las causas y puede actuarse con mayor eficacia. La violencia directa no afecta a tantas personas como las otras dos, cultural y estructural, que formarían la parte oculta del iceberg. 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